De acuerdo con el expediente del Departamento de Justicia (DOJ), la colaboración entre el aparato estatal y el Cártel de Sinaloa permitió el libre tránsito de fentanilo, la filtración de operativos estratégicos y la venta de armamento institucional a la organización criminal.

Los rostros de la colusión: Gerardo Mérida y 'El Tornado'

El documento judicial identifica a dos figuras clave en la estructura de protección institucional entre 2017 y 2024:

• Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública): Según la acusación, mientras encabezaba la seguridad del estado en la administración de Rocha Moya, Mérida recibió sobornos mensuales superiores a los 100,000 dólares. A cambio, el funcionario habría alertado a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán sobre al menos 10 redadas policiales, permitiendo el retiro de evidencia y la huida de operadores.

• José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’: El exsubdirector de la Policía Estatal es señalado por una cercanía operativa directa con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. Se le acusa de vender municiones y cargadores a la facción, modificar reportes policiales para liberar a sicarios detenidos y colocar a agentes "en nómina" del cártel en puestos estratégicos.

“El cártel se ha aliado con políticos y agentes del orden corruptos para proteger y hacer crecer este imperio”, sentenciaron los fiscales estadounidenses en el documento oficial.

Reuniones de alto nivel y nóminas criminales

El expediente detalla que ‘Tornado’ y otros comandantes bajo su mando sostuvieron reuniones presenciales con los líderes de Los Chapitos para confirmar su lealtad y subordinación. Las investigaciones sugieren que estos mandos recibían pagos de aproximadamente 100,000 pesos mensuales por garantizar que la Policía Estatal no interfiriera en las rutas de narcotráfico.

Además de la protección física, la acusación apunta a una protección institucional sistémica, donde se filtraba información sensible y se utilizaban recursos del Estado para represalias contra grupos rivales del cártel.

La reacción del Gobierno Mexicano: FGR exige pruebas

Ante la contundencia de los señalamientos, la Fiscalía General de la República (FGR) reaccionó con cautela y escepticismo. Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, cuestionó la falta de "evidencia inmediata" en el documento para justificar detenciones provisionales de carácter urgente.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México ha solicitado formalmente al Departamento de Justicia de EE. UU. la entrega de todas las pruebas, testimonios y documentos que sustentan las acusaciones contra los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Claves del caso:

• Periodo investigado: 2017 a 2024.

• Delitos imputados: Conspiración para el narcotráfico, obstrucción de la justicia y venta de municiones.

• Estatus: El Gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra bajo licencia mientras el expediente avanza en cortes estadounidenses.